Pluralismo jurídico intercultural y seguridad jurí=
dica
en
el Estado constitucional ecuatoriano
Intercultural legal pluralism and legal certainty =
in
the Ecuadorian constitutional state
![](3D"file4241_archivos/image003.png")
![](3D"file4241_archivos/image004.jpg" "3D\"\"")
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1 |
Marco Antonio Pérez Quishay |
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https://orcid.org/0009-0006-16=
48-8241 |
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Universidad Intern=
acional
Ignacio Castro Pérez (UNICAP), Guadalupe, Zacatecas, México. |
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Artículo de Investigación Científica y Tecnológi=
ca Enviado: 14/07/2026 Revisado: 16/08/2026 Acepta=
do: 04/09/2026 Publicado: 02/10/2026 DOI: https://doi.org/10.33262/ap.v8i4.706 =
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Cítese: =
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Pérez Quishay,=
M. A.
(2026). Pluralismo jurídico intercultural y seguridad jurídica en el Esta=
do
constitucional ecuatoriano. AlfaPublicaciones,
8(4), 55–78. https://doi=
.org/10.33262/ap.v8i4.706 |
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ALFA PUBLICACIONES, es una revista multidisciplinar, trimestral, que se publicar=
á en
soporte electrónico tiene como misión contribuir a la
formación de profesionales competentes con visión humanística y crítica q=
ue
sean capaces de exponer sus resultados investigativos y científicos en la
misma medida que se promueva mediante su intervención cambios positivos e=
n la
sociedad. https://alfapublicaciones.com
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cia
Creative Commons Attribu=
tion
Non Commercial No Derivatives 4.0 Internation=
al.
Copia de la licencia: http://creativecommons.org/l=
icenses/by-nc-sa/4.0/ |
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Palabras claves: Pluralismo
jurídico intercultural; seguridad jurídica; justicia indígena; Corte
Constitucional; coordinación interjurisdiccional; debido proceso.<=
span
style=3D'font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",=
serif;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:ES'> |
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Resumen Introducción. El reconocimiento constitucional del
pluralismo jurídico intercultural en Ecuador plantea el problema de
garantizar la seguridad jurídica en la relación entre la justicia indígen=
a y
la jurisdicción ordinaria, ante la persistente falta de una ley de
coordinación interjurisdiccional prevista en el artículo 171 de la
Constitución de la República del Ecuador. Objetivo. Analizar el
tratamiento jurisprudencial de la seguridad jurídica en la justicia indíg=
ena
ecuatoriana y proponer lineamientos de coordinación interjurisdiccional q=
ue
la garanticen sin vulnerar la autonomía indígena. Metodología. Est=
udio
cualitativo, de diseño documental y estudio de caso jurisprudencial, basa=
do
en el análisis de contenido de un corpus de cinco sentencias de la Corte
Constitucional del Ecuador emitidas entre 2014 y 2025. Resultados.=
El
análisis evidencia que la seguridad jurídica opera como un estándar implí=
cito
en las garantías de juez competente y motivación, y no como objeto de un
pronunciamiento autónomo; documenta, mediante peritajes antropológicos, u=
na
secuencia procedimental propia estructuralmente equivalente entre comunid=
ades
kichwa de distinta ubicación; y sistematiza un
modelo de coordinación interjurisdiccional integrado por seis componentes=
que
operan en los niveles competencial, procedimental y estructural. Concl=
usión.
La seguridad jurídica de la justicia indígena depende de la consisten=
cia
con la que la Corte Constitucional ha aplicado estos criterios ante la
ausencia de una ley de coordinación, y el modelo sistematizado ofrece un
referente para orientar la relación entre ambos sistemas de justicia mien=
tras
dicha ley no se expida. Área de estudio general: Derecho. Área =
de
estudio específica: Derecho constitucional / Pluralismo jurídico. =
Tipo
de estudio: Artículo original.=
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Keywords:Intercultural legal pluralism; legal
certainty; indigenous justice; Constitutional Court; interjurisdictional
coordination; due process=
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Abstract Introduction. The constitution=
al
recognition of intercultural legal pluralism in Ecuador raises the proble=
m of
guaranteeing legal certainty in the relationship between indigenous justi=
ce
and ordinary jurisdiction, given the persistent absence of an
interjurisdictional coordination law provided for in article 171 of the
Constitution of the Republic of Ecuador. Objective. To analyze the
case law treatment of legal certainty in Ecuadorian indigenous justice an=
d to
propose interjurisdictional coordination guidelines that guarantee it wit=
hout
undermining indigenous autonomy. Methodology. Qualitative study, w=
ith
a documentary design and jurisprudential case study, based on the content
analysis of a corpus of five rulings issued by the Constitutional Court of
Ecuador between 2014 and 2025. Results. The analysis shows that le=
gal
certainty operates as an implicit standard within the guarantees of a
competent judge and reasoned decision, rather than as the subject of an
autonomous ruling; it documents, through anthropological expert opinions,=
a
structurally equivalent own procedural sequence between kichwa
communities in different locations; and it systematizes an
interjurisdictional coordination model made up of six components operatin=
g at
the jurisdictional, procedural, and structural levels. Conclusion. The
legal certainty of indigenous justice depends on the consistency with whi=
ch
the Constitutional Court has applied these criteria in the absence of a
coordination law, and the systematized model offers a reference point for
guiding the relationship between both justice systems until that law is
enacted. General Area of Study: Law. Specific area of study: Constitutional
law / Legal pluralism. Type of study:
Original article. |
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![](3D"file4241_archivos/image006.png")
![3Deditorial1.png](3D"file4241_archivos/image008.jpg")
![](3D"file4241_archivos/image010.jpg")
1. Introducción
El
reconocimiento del pluralismo jurídico constituye una de las transformacion=
es
más relevantes del constitucionalismo latinoamericano contemporáneo, en la
medida en que habilita la coexistencia, dentro de un mismo Estado, de siste=
mas
normativos distintos al del derecho estatal (Bagni et al., 2024). Bolivia y
Ecuador, entre 2007 y 2009, incorporaron la plurinacionalidad y la
interculturalidad como principios estructurales de sus respectivos textos
constitucionales, mientras que Colombia, sin un reconocimiento expreso
equivalente, desarrolló una jurisprudencia constitucional pionera en materi=
a de
derechos colectivos de los pueblos indígenas (Bagni et al., 2024). En el ca=
so
ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador (CRE) del 2008 def=
inió
al país como un "Estado constitucional de derechos y justicia, social,
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinaciona=
l y
laico" (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, art. 1), y
facultó a las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades
indígenas para "ejercer funciones jurisdiccionales, con base en sus tr=
adiciones
ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial" (Asa=
mblea
Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, art. 171). Este reconocimiento se
articula con el marco internacional de derechos humanos: el Convenio 169 de=
la Organización
Internacional del Trabajo (OIT, 1989) dispone en su artículo 8, que los pue=
blos
indígenas conservarán sus costumbres e instituciones propias siempre que no
sean incompatibles con los derechos fundamentales reconocidos
internacionalmente, y en su artículo 9 exige respetar los métodos que dichos
pueblos emplean tradicionalmente para resolver los conflictos internos (OIT,
1989). En el mismo sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre =
los
Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce, en su artículo 34, el derec=
ho
de estos pueblos a mantener y desarrollar sus propios sistemas jurídicos
conforme a las normas internacionales de derechos humanos (Organización de =
las
Naciones Unidas [ONU], 2008), mientras que la Convención Americana sobre
Derechos Humanos establece, en sus artículos 8 y 25, las garantías
judiciales y de protección judicial exigibles a toda autoridad que administ=
re
justicia, sea esta indígena u ordinaria (Organización de los Estados Americ=
anos
[OEA], 1969). Este entramado normativo evidencia el tránsito de un modelo de
monismo jurídico, centrado en la exclusividad del derecho estatal, hacia un
modelo plurinacional que reconoce, al menos formalmente, la igualdad jerárq=
uica
entre sistemas de justicia (Charney & Núñez, 2024).
A
pesar de este reconocimiento constitucional, el ordenamiento jurídico
ecuatoriano no cuenta con reglas claras que modulen el ejercicio de la
jurisdicción indígena con la jurisdicción ordinaria. La propia Constitución
remite a la ley el establecimiento de los mecanismos de coordinación y
cooperación entre ambos sistemas (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuad=
or,
2008, art. 171), remisión que, más de una década después de su expedición,
permanece sin desarrollo legislativo integral. Ante este vacío normativo, ha
sido la Corte Constitucional la que mediante decisiones casuísticas, ha ido
fijando criterios sobre los límites de la autonomía indígena, el alcance del
debido proceso y las condiciones de intervención de la justicia ordinaria (=
Jaya,
2024). Esta construcción jurisprudencial dispersa genera un problema de seg=
uridad
jurídica: la falta de reglas de coordinación previamente establecidas y de
conocimiento público impide a las autoridades indígenas, a los operadores d=
e la
justicia ordinaria y a las propias personas indígenas prever, con razonable
certeza, el tratamiento que recibirá un conflicto cuando concurren ambas
jurisdicciones, lo que tensiona el sentido del artículo 82 de la Constituci=
ón,
que fundamenta la seguridad jurídica en "el respeto a la Constitución =
y en
la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por=
las
autoridades competentes" (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador,
2008, art. 82).
Análisis
de varios autores ha documentado ampliamente el reconocimiento constitucion=
al
del pluralismo jurídico y de los derechos colectivos de los pueblos indígen=
as (Bagni
et al., 2024; Charney & Núñez, 2024), así como los desafíos que plantea=
la
interpretación intercultural del derecho penal en el caso ecuatoriano (Jaya,
2024). López & Tapia (2022) al examinar la jurisprudencia constitucional
ecuatoriana sobre justicia indígena, estos advierten que el reconocimiento
formal de la plurinacionalidad no se ha traducido en una comprensión
intercultural sólido por parte de la Corte Constitucional, cuyas decisiones
tienden a reproducir un discurso judicial hegemónico antes que a construir
criterios predecibles de articulación entre sistemas. Sin embargo, esta
literatura no sistematiza de manera específica cómo la jurisprudencia
constitucional ecuatoriana ha construido, o dejado de construir,
predictibilidad jurídica en la relación entre la justicia indígena y la
jurisdicción ordinaria. En consecuencia, permanece un vacío respecto del
tratamiento jurisprudencial de la seguridad jurídica en dicha articulación,
vacío que la presente investigación busca atender.
Sistematizar
el tratamiento jurisprudencial de la seguridad jurídica en la relación entr=
e la
justicia indígena y la jurisdicción ordinaria tiene implicaciones prácticas
concretas. Ofrece a las autoridades indígenas parámetros más claros sobre el
ámbito de su competencia y los límites que la Constitución impone a su
ejercicio, y a los jueces de la jurisdicción ordinaria, en particular quien=
es
conocen acciones de protección frente a decisiones de justicia indígena, cr=
iterios
que reducen la discrecionalidad al resolver conflictos de competencia. A las
personas indígenas y sus comunidades les aporta previsibilidad sobre las
decisiones que las afectan, en garantía del debido proceso reconocido en la
Constitución y en los instrumentos interamericanos de derechos humanos. La
investigación resulta, en ese sentido, pertinente para el Estado constituci=
onal
ecuatoriano: la coordinación interjurisdiccional es condición necesaria para
que el pluralismo jurídico intercultural proclamado en el artículo 1 de la
Constitución se traduzca en garantía efectiva y no permanezca como declarac=
ión
formal.
Con
base en lo expuesto, se planteó como objetivo general analizar el tratamien=
to
jurisprudencial de la seguridad jurídica en la justicia indígena ecuatorian=
a.
Como objetivos específicos, se buscó sistematizar la jurisprudencia
constitucional ecuatoriana relevante en materia de justicia indígena y
seguridad jurídica; describir las garantías procesales propias del
procedimiento indígena y su relación con la predictibilidad jurídica recono=
cida
en el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea
Nacional Constituyente del Ecuador, 2008); identificar las tensiones y los
vacíos normativos existentes en la coordinación entre la jurisdicción indíg=
ena
y la jurisdicción ordinaria; y proponer un modelo de coordinación
interjurisdiccional que armonice la seguridad jurídica con la autonomía de =
la
justicia indígena.
La
presente investigación adoptó un enfoque cualitativo, de diseño documental y
estudio de caso jurisprudencial, para analizar el tratamiento que la Corte
Constitucional del Ecuador ha dado a la seguridad jurídica en la articulaci=
ón
entre la justicia indígena y la jurisdicción ordinaria. La población de est=
udio
comprende la totalidad de sentencias emitidas por la Corte en materia de
justicia indígena y pluralismo jurídico entre 2008 y 2025; la muestra
corresponde a una selección intencional, no probabilística, definida por los
criterios descritos en el apartado 2.3.
El
análisis se realizó mediante análisis de contenido cualitativo, con una mat=
riz
de categorías definida a priori a partir del marco normativo del estudio,
integrado por los artículos 171 y 82 de la Constitución de la República del
Ecuador (CRE) (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008), y los
artículos 8 y 9 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Traba=
jo (OIT,
1989), y no mediante categorías emergentes construidas de manera inductiva
durante la lectura del corpus (Bardin, 1991). Las fuentes normativas se
interpretaron, de manera complementaria, mediante el método
hermenéutico-jurídico.
=
2.1. Protocolo
de búsqueda y selección documental
La
identificación de las sentencias se realizó en el buscador oficial de
jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador
(https://buscador.corteconstitucional.gob.ec/), campo "Texto
Sentencia", modalidad de búsqueda por palabra. Las búsquedas individua=
les
arrojaron 339 resultados para "justicia indígena", 82 para "=
pluralismo
jurídico", 250 para "jurisdicción indígena" y 7124 para
"seguridad jurídica"; este último término, al ser un principio
constitucional invocado en la generalidad de la jurisprudencia de la Corte,
resultó demasiado amplio para delimitar por sí solo el universo de búsqueda=
. Se
ejecutó entonces una búsqueda combinada ("justicia indígena" y
"seguridad jurídica"), que arrojó 271 resultados.
Ese
universo se filtró por el tipo de acción "EI - Acción Extraordinaria de
Protección de Justicia Indígena" (la vía procesal específica para revi=
sar
decisiones de justicia indígena), lo que lo redujo a 20 sentencias. A este
conjunto se sumaron los pronunciamientos anteriores a la creación del tipo =
de
acción EI, identificados como "Acción Extraordinaria de Protección&quo=
t;
(EP), entre ellos los casos "La Cocha" (CCE, 2014) y
"Cokiuve" (CCE, 2020). Durante la revisión en texto completo de l=
as
sentencias EI preseleccionadas se identificó que varias de ellas citaban
reiteradamente, como precedente en materia de interculturalidad y hábeas
corpus, la sentencia 112-14-JH/21 (CCE, 2021b), relativa a la nacionalidad
waorani; como esta sentencia corresponde a una acción de hábeas corpus (JH)=
y por
ello no quedó comprendida en el filtro por tipo de acción EI, se la incorpo=
ró
adicionalmente al corpus por rastreo de citas cruzadas, verificando que cum=
plía
los tres criterios de inclusión del apartado 2.3. El cribado por título y
resumen descartó los autos de trámite, las resoluciones de sorteo y los
pronunciamientos sin relación temática directa con la coexistencia entre
sistemas de justicia; los resultados restantes se revisaron en texto comple=
to
conforme a los criterios del apartado 2.3, hasta llegar al corpus final de
cinco sentencias del apartado 2.4, cada una verificada contra su fuente ofi=
cial
antes de ser incorporada al análisis.
=
2.2. Criterios
de inclusión y exclusión
Criterios
de inclusión:
-
Pronunciamiento directo sobre la articulación entre la justicia indígena y =
la
jurisdicción ordinaria.
-
Relevancia expresa para la seguridad jurídica o la certeza jurídica de las
partes involucradas.
-
Valor de precedente vinculante sentado por la Corte Constitucional, o alto
valor interpretativo sobre el alcance del artículo 171 de la Constitución (=
Asamblea
Nacional Constituyente del Ecuador, 2008).
Criterios
de exclusión:
-
Autos de mero trámite, admisión, sorteo o medidas cautelares que no resuelv=
en
el fondo del asunto.
-
Sentencias sin relación temática directa con la coexistencia entre sistemas=
de
justicia.
-
Resoluciones no publicadas o sin acceso verificable en el repositorio ofici=
al
de la Corte Constitucional.
=
2.3. Corpus
final de análisis
El
proceso de búsqueda y cribado descrito en el apartado 2.2 arrojó un corpus
final de cinco sentencias que satisfacen de manera simultánea los tres
criterios de inclusión dentro del período 2008-2025, delimitado mediante la
aplicación explícita y verificable de dichos criterios sobre el universo de
pronunciamientos de la Corte Constitucional relacionados con la articulación
entre la justicia indígena y la jurisdicción ordinaria. Cabe precisar que
0731-10-EP corresponde al número de causa y 113-14-SEP-CC al número de
sentencia de un mismo pronunciamiento, conocido como caso "La Cocha&qu=
ot;,
contabilizado como una sola unidad de análisis (Corte Constitucional del
Ecuador, 2014). Las sentencias que integran el corpus son:
-
Sentencia 113-14-SEP-CC, caso 0731-10-EP ("La Cocha") (CCE, 2014)=
-
Sentencia 134-13-EP/20, caso "Cokiuve" (CCE, 2020).
-
Sentencia 1-12-EI/21 (CCE, 2021a).
-
Sentencia 112-14-JH/21 (CCE, 2021b).
-
Sentencia 3-17-EI/25 (CCE, 2025).
Este
corpus constituye el universo de pronunciamientos que satisface de manera
simultánea los tres criterios de inclusión dentro de los 20 resultados
identificados mediante la acción EI y sus antecedentes EP descritos en el
apartado 2.2; no se trata de una muestra aleatoria o de conveniencia extraí=
da
de un conjunto mayor de casos equivalentes, sino del conjunto de decisiones
que, dentro de ese universo que fue delimitado, cumplen los tres criterios =
a la
vez. El corpus incluye pronunciamientos referidos a las nacionalidades kich=
wa
(113-14-SEP-CC, 134-13-EP/20, 1-12-EI/21, 3-17-EI/25) y waorani (112-14-JH/=
21);
los peritajes antropológicos que documentan las etapas del procedimiento pr=
opio
sistematizadas en la Tabla 2 solo están
disponibles, sin embargo, en dos de las sentencias del corpus, ambas referi=
das
a comunidades kichwa, por lo que esos hallazgos no se extienden a la
nacionalidad waorani ni a otros pueblos y nacionalidades indígenas del Ecua=
dor
no representados en el corpus.
=
2.4. Matriz
de categorías de análisis
Cada
sentencia del corpus fue examinada mediante una matriz de categorías aplica=
da
de manera uniforme, integrada por las siguientes dimensiones:
-
Tipo de conflicto competencial resuelto entre la jurisdicción indígena y la
jurisdicción ordinaria.
-
Criterio de solución aplicado por la Corte Constitucional para dirimir dicho
conflicto.
-
Garantías de debido proceso referidas expresamente en la motivación de la
sentencia.
-
Pronunciamiento expreso o implícito sobre la seguridad jurídica derivada de=
la
coexistencia de sistemas.
-
Alcance del efecto de precedente reconocido a la sentencia dentro de la
jurisprudencia constitucional posterior.
Esta
matriz se aplicó de forma consistente a las cinco sentencias y estructura la
presentación de los hallazgos en la sección de resultados.
=
2.5. Estrategias
de rigor
El
rigor del análisis se sostuvo en tres decisiones metodológicas: las categor=
ías
de la matriz del apartado 2.5 se definieron antes del análisis del corpus, a
partir del marco normativo del estudio, sin ajustes posteriores en función =
de
los hallazgos; cada sentencia se contrastó con su fuente oficial en el
repositorio de la Corte Constitucional antes de ser citada; y los hallazgos=
se
someten, en la sección de Discusión, a un ejercicio de triangulación con el
marco teórico del pluralismo jurídico intercultural.
=
2.6. Aspectos
éticos
El
presente estudio tiene carácter documental y analiza exclusivamente sentenc=
ias
de acceso público, emitidas por un tribunal constitucional en ejercicio de =
su
función jurisdiccional. No involucra sujetos humanos como participantes de =
la
investigación ni requiere, por tanto, consentimiento informado o aprobación=
de
un comité de ética institucional: la información examinada es jurisprudenci=
al y
de dominio público, conforme al principio de publicidad de las decisiones
judiciales reconocido en el ordenamiento ecuatoriano.
3.&n=
bsp;
Resultados
El
análisis de contenido cualitativo aplicado al corpus de cinco sentencias
-113-14-SEP-CC (CCE, 2014), 134-13-EP/20 (CCE, 2020), 1-12-EI/21 (CCE, 2021=
a),
112-14-JH/21 (CCE, 2021b) y 3-17-EI/25 (CCE, 2025), que constituye el unive=
rso
de pronunciamientos que satisface simultáneamente los criterios de inclusión
declarados en el apartado 2.3 (véase apartado 2.4), permitió sistematizar el
tratamiento que la Corte Constitucional del Ecuador ha dado a la articulaci=
ón
entre la justicia indígena y la seguridad jurídica dentro del Estado
constitucional. La Tabla 1 presenta, =
para
cada sentencia, el tipo de conflicto competencial examinado, el criterio de
solución adoptado, el tratamiento de las garantías de debido proceso, el
pronunciamiento sobre la seguridad jurídica y el alcance del efecto de
precedente reconocido a la decisión, conforme a la matriz de categorías des=
crita
en el apartado 2.6.
Matriz de análisis de las sentencias del corpus so=
bre
justicia indígena y seguridad jurídica
|
|
|||||
|
Sentencia |
Tipo de conflicto competencial |
Criterio de solución |
Garantías de debido proceso |
Pronunciamiento sobre seguridad jurídica |
Alcance del efecto de precedente |
|
113-14-SEP-CC (CCE,
2014) "La
Cocha" |
Justicia
indígena y justicia penal ordinaria, por homicidio (delito contra la vida)
ocurrido en territorio indígena. |
Competencia
exclusiva y excluyente de la justicia ordinaria para delitos contra la vi=
da
(art. 66.1 CRE) (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008); la
justicia indígena conserva competencia sobre los efectos comunitarios del
conflicto. No se configura non bis in idem. |
No
se declara vulneración; se dispone que la justicia ordinaria aplique el
Convenio 169 OIT y considere la condición sociocultural del procesado. |
No
se pronuncia con ese término; fija reglas de aplicación obligatoria (arts.
11.8 y 436.1 y 6 CRE) (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008)=
, orientadas
a la previsibilidad del reparto competencial. |
Erga
omnes; reglas vinculantes para autoridades indígenas, judiciales y medios=
de
comunicación, extensivas a casos con hechos similares. |
|
134-13-EP/20 (CCE,
2020) "Cokiuve" |
Justicia
ordinaria civil (amparo posesorio) frente a justicia indígena, por una
sanción interna (expulsión) no sometida a declinación de competencia. |
Aplicación
del art. 345 del Código Orgánico de la Función Judicial (Comisión Legisla=
tiva
y de Fiscalización del Ecuador, 2009) |
La
declinación de competencia opera como garantía procesal de respeto a la
decisión indígena; no se examina el debido proceso interno de la |
No
emplea el término; precisa el alcance del art. 345 COFJ (Comisión Legisla=
tiva
y de Fiscalización del Ecuador, 2009) |
Citada
como precedente en las sentencias posteriores del corpus, en materia de
interculturalidad, plurinacionalidad y declinación de competencia. |
Matriz de análisis de las sentencias del corpus so= bre justicia indígena y seguridad jurídica (continuación)
|
Sentencia |
Tipo de conflicto competencial |
Criterio de solución |
Garantías de debido proceso |
Pronunciamiento sobre seguridad jurídica |
Alcance del efecto de precedente |
|
|
|
(declinación de competencia); se decla=
ra
vulnerado el art. 57.10 y 171 CRE (Asamblea Nacional Constituyente del
Ecuador, 2008), y se deja sin efecto lo actuado en justicia ordinaria. |
asamblea
comunitaria. |
y
lo diferencia de un conflicto de competencia propiamente dicho. |
|
|
1-12-EI/21 (CCE,
2021a) Comunidad
Tambopamba |
Cuestionamiento
sobre si una sanción comunitaria a un gerente cooperativo constituyó una
decisión válida de justicia indígena. |
Test
de dos requisitos del art. 171 CRE (Asamblea Nacional Constituyente del
Ecuador, 2008) (autoridad legítima y resolución de conflicto interno medi=
ante
derecho propio) y principio pro-jurisdicción indígena; se desestima la
acción. |
Describe
en detalle el procedimiento propio (willachina a paktachina) como fundame=
nto
fáctico del debido proceso conforme al derecho propio de la comunidad. |
La
accionante alegó vulneración a la seguridad jurídica; al desestimar por
inexistencia de vulneración al debido proceso, la Corte valida implícitam=
ente
la previsibilidad del procedimiento comunitario reglado. |
Sistematiza
el principio pro-jurisdicción indígena y el estándar de evaluación
casuística; remite expresamente a 134-13-EP/20 como precedente. |
Matriz de análisis de las sentencias del corpus so= bre justicia indígena y seguridad jurídica (continuación)
|
Sentencia |
Tipo de conflicto competencial |
Criterio de solución |
Garantías de debido proceso |
Pronunciamiento sobre seguridad jurídica |
Alcance del efecto de precedente |
|
112-14-JH/21 (CCE,
2021b) Pueblos
Waorani |
No
constituye propiamente un conflicto competencial indígena/ordinaria; revi=
sión
de hábeas corpus por privación de libertad de personas Waorani de reciente
contacto. |
Declara
la vulneración de los derechos a la libertad e integridad personal; exige=
una
comprensión intercultural de la legalidad y no arbitrariedad de la prisión
preventiva. |
Extiende
el debido proceso a estándares de integridad cultural y a condiciones
diferenciadas de privación de libertad para personas indígenas. |
No
se identifica un pronunciamiento sobre seguridad jurídica en el cuerpo de=
la
sentencia, incluida su parte resolutiva; a diferencia de 1-12-EI/21 y
3-17-EI/25, el término tampoco fue invocado por las partes procesales. |
Ordena,
en su parte resolutiva, la creación de un mecanismo permanente de diálogo=
y
coordinación entre la justicia ordinaria y las autoridades indígenas, con
vocación de aplicación a los pueblos de reciente contacto. |
|
3-17-EI/25 (CCE,
2025) Comuna
Bucashi Tun Tun |
Competencia
territorial de una comuna indígena para resolver un conflicto de propiedad
entre comuneros pertenecientes a otra comuna vecina. |
Aplica
el criterio de territorialidad (art. 171 CRE) (Asamblea Nacional
Constituyente del Ecuador, 2008), y la interpretación intercultural del
debido proceso; desestima la acción por no hallar vulneración. |
Reafirma
que el debido proceso indígena debe interpretarse interculturalmente y va=
lida
la motivación normativa y fáctica de la resolución comunitaria. |
El
accionante alegó vulneración a la seguridad jurídica; la Corte la subsume=
en
el análisis de juez competente y motivación, y la desestima. |
Reitera la doctrina de autolimitación del control constitucional ("la Corte = no es órgano de alzada") frente a decisiones de autoridades indígenas.<= o:p> |
|
|
Como
se muestra en la Tabla 1, ninguna de las cinco sentencias declaró la
vulneración autónoma del derecho a la seguridad jurídica. En 1-12-EI/21 y
3-17-EI/25 el término fue invocado por las partes accionantes y la Corte
subsumió el alegato dentro del análisis de las garantías de juez competente=
y
motivación, sin desarrollar un examen independiente del artículo 82 de la C=
onstitución
de la República del Ecuador (CRE) (Asamblea Nacional Constituyente del Ecua=
dor,
2008); en 112-14-JH/21, en cambio, el término no fue invocado por ninguna de
las partes ni empleado por la Corte en su análisis. Con todo, tres sentenci=
as
-113-14-SEP-CC, 134-13-EP/20 y 3-17-EI/25- fijaron reglas de aplicación gen=
eral
sobre el reparto de competencias entre la justicia indígena y la ordinaria =
(el
criterio de materia para delitos contra la vida, el mecanismo de declinació=
n de
competencia del artículo 345 del Código Orgánico de la Función Judicial [CO=
FJ] (Comisión
Legislativa y de Fiscalización del Ecuador, 2009) y el criterio de
territorialidad, respectivamente), que operan como garantías indirectas de
previsibilidad para las partes involucradas en futuros conflictos (CCE, 201=
4,
2020, 2025). Se observa, además, una progresión en la doctrina de la Corte
sobre el debido proceso intercultural: mientras que 113-14-SEP-CC centró su
análisis en los límites materiales de la autonomía indígena, las sentencias
1-12-EI/21 y 3-17-EI/25 incorporaron de manera explícita el estándar según =
el
cual las garantías del artículo 76 CRE (Asamblea Nacional Constituyente del
Ecuador, 2008), deben interpretarse de forma intercultural, y no conforme a=
una
lectura etnocéntrica de los procedimientos propios de cada comunidad (CCE,
2021a, 2025).
Un
segundo hallazgo relevante para la previsibilidad del derecho propio de las
comunidades kichwa documentadas en el corpus se refiere a las etapas median=
te
las cuales las comunidades indígenas involucradas en el corpus tramitaron l=
os
conflictos que dieron origen a cada caso. Dos sentencias -113-14-SEP-CC y
1-12-EI/21- documentan, con base en peritajes antropológicos practicados a
solicitud de la propia Corte, el procedimiento propio de justicia indígena
aplicado por dos comunidades kichwa de distinta ubicación y organización
social: la comunidad de La Cocha (Cotopaxi, nacionalidad kichwa Panzaleo) y=
la
comunidad de Tambopamba (Saraguro, Loja). La Tabla 2=
sistematiza estas etapas y las vincula con la garantía de seguridad jurídica
reconocida en el artículo 82 CRE (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuad=
or,
2008).
Etapas del procedimiento propio de justicia indíge=
na
documentadas en el corpus y su vínculo con el artículo 82 de la Constitució=
n de
la República del Ecuador=
|
|
|||
|
Etapa |
Etapa equivalente (comunidad La Cocha) |
Descripción funcional |
Vínculo con el art. 82 CRE (previsibilidad) (As=
amblea
Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) |
|
Willachina |
Willachina
o willana |
Presentación
de la denuncia o solicitud de intervención comunitaria ante el conflicto;=
se
pone el caso en conocimiento de la Asamblea. |
Acceso
reglado a la autoridad competente; primer eslabón de la previsibilidad
procedimental. |
|
Tapuykuna |
Tapuykuna
o tapuna |
Investigación
del caso a cargo de una comisión previamente designada, que reúne pruebas
materiales y testimoniales. |
Fase
probatoria con roles predefinidos (presidente del Cabildo, coordinador de
Justicia Comunitaria) que reduce la discrecionalidad en la instrucción. |
|
Chimbapurana |
Chimbapurana
o nawichina |
Confrontación
pública (careo) entre las partes y sus testigos ante la Asamblea General.=
|
Garantía
de contradicción y publicidad, equivalente funcional al derecho de defens=
a. |
|
Killpichirina |
Kishpichirina |
Deliberación
y determinación de la sanción o medida de solución/sanación por la Asambl=
ea
General, mediante acuerdo colectivo. |
Motivación
colectiva de la decisión, con participación comunitaria en la fijación de=
la
consecuencia jurídica. |
|
Paktachina |
Paktachina |
Ejecución
y seguimiento del cumplimiento de la sanción, con rendición de cuentas an=
te
la Asamblea Comunitaria. |
Cierre
reglado del procedimiento y verificación de cumplimiento, que evita la
indeterminación de los efectos de la decisión. |
|
|
Nota. Elaboración
a partir de los peritajes antropológicos incorporados a CCE (2014, párrs. 6=
2-71)
del informe pericial citado en la sentencia) y CCE (2021a, párrs. 62-71).
Como
se observa en la Tabla 2, pese a las variaciones
terminológicas atribuibles a la diversidad lingüística interna del pueblo
kichwa, ambas sentencias documentan una secuencia procedimental
estructuralmente equivalente: presentación de la denuncia, investigación
probatoria, confrontación pública de las partes, deliberación sancionatoria
colectiva y ejecución con seguimiento del cumplimiento. Esta correspondenci=
a,
verificada por la propia Corte mediante peritajes antropológicos independie=
ntes
en cada causa, respalda, para las dos comunidades kichwa examinadas, la
caracterización de su derecho propio como un sistema reglado y previsible, =
y no
como una práctica arbitraria o discrecional; ello constituye un aporte a la
seguridad jurídica en los términos del artículo 82 CRE (Asamblea Nacional
Constituyente del Ecuador, 2008), que exige el respeto a normas previas,
claras, públicas y aplicadas por autoridad competente. Esta equivalencia
procedimental no debe generalizarse, sin evidencia adicional, a los
procedimientos propios de otras nacionalidades indígenas del Ecuador no doc=
umentadas
mediante peritaje antropológico en el corpus, incluida la nacionalidad waor=
ani
representada en 112-14-JH/21. La extensión de este hallazgo a otras
nacionalidades, como el shuar o la achuar, que no cuentan en el corpus con
peritajes antropológicos propios, queda planteada como una línea abierta pa=
ra
futuras investigaciones.
A
partir de los criterios de solución identificados en la Tabla 1=
y de las garantías procedimentales sistematizadas en la Tabla 2=
,
se presenta en la Tabla 3 una síntes=
is
propia del modelo de coordinación interjurisdiccional, construida a partir =
de
los criterios que la Corte fue aplicando, caso a caso, en las cinco sentenc=
ias
del corpus, y no de un modelo unificado declarado como tal por la propia Co=
rte
en ninguna de ellas; la Tabla 3
organiza estos criterios en torno a sus componentes normativos, su función
coordinadora y las sentencias que los desarrollan.
Síntesis del modelo de coordinación
interjurisdiccional entre la justicia indígena y la jurisdicción ordinaria<=
/span>
|
|
|||
|
Componente del modelo |
Fundamento normativo |
Función coordinadora |
Sentencia(s) |
|
Criterio
de materia para delitos contra la vida |
Art.
66.1 CRE (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008); carácter de=
ius
cogens del derecho a la vida |
Reserva
a la justicia penal ordinaria el conocimiento de delitos contra la vida,
incluso ocurridos en territorio indígena, sin suprimir la competencia
indígena sobre los efectos comunitarios del conflicto. |
113-14-SEP-CC
(CCE,
2014) |
|
Mecanismo
de declinación de competencia |
Art.
345 COFJ; principio pro-jurisdicción indígena (art. 344.d COFJ) |
Obliga
a la jueza o juez ordinario a declinar competencia ante la solicitud fund=
ada
de una autoridad indígena, evitando la superposición de jurisdicciones so=
bre
un mismo asunto. |
134-13-EP/20 (CCE, 2020); 1-12-EI/21 (CCE, 2021a) |
|
Criterio
de territorialidad |
Art.
171 CRE (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) |
Define
el ámbito territorial de la comunidad como criterio primario para determi=
nar
la autoridad indígena competente, incluso cuando las partes en conflicto
pertenecen a otra comunidad. |
3-17-EI/25
(CCE, 2025) |
|
Interpretación
intercultural del debido proceso |
Arts.
76 y 171 CRE (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008); art. 66=
.1
LOGJCC |
Exige
valorar las garantías del debido proceso desde la cosmovisión de cada
comunidad, evitando una lectura etnocéntrica y monocultural de sus
procedimientos propios. |
1-12-EI/21 (CCE, 2021a); 3-17-EI/25 (CCE, 2025) |
Síntesis del modelo de coordinación
interjurisdiccional entre la justicia indígena y la jurisdicción ordinaria<=
/span> (continuación)
|
Componente del modelo |
Fundamento normativo |
Función coordinadora |
Sentencia(s) |
|
Coordinación
interinstitucional de política pública |
Arts.
1 y 57 CRE (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008) (plurinaci=
onalidad
e interculturalidad) |
Ordena
la creación de un mecanismo permanente de diálogo y coordinación entre la
justicia ordinaria y las autoridades indígenas, con participación de la
Función Judicial, la Defensoría Pública y del Pueblo, y capacitación
intercultural obligatoria de los operadores de justicia, para prevenir la
conflictividad estructural en el territorio. |
112-14-JH/21
(CCE,
2021b) |
|
Autolimitación
del control constitucional |
Art.
171 CRE (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008); naturaleza no
revisora de la acción extraordinaria de protección de justicia indígena |
La
Corte se abstiene de actuar como instancia de apelación de las decisiones
indígenas, limitando su control a la legitimidad de la autoridad y al res=
peto
de los derechos constitucionales. |
3-17-EI/25
(CCE, 2025) |
|
|
Nota. Elaboración
a partir del análisis de las cinco sentencias del corpus (Corte Constitucio=
nal
del Ecuador, 2014, 2020, 2021a, 2021b, 2025).
Los
seis componentes sistematizados en la Tabla 3=
configuran un modelo de coordinación que opera en tres niveles: uno de repa=
rto
competencial, integrado por el criterio de materia para delitos contra la v=
ida
y el criterio de territorialidad; uno procedimental, integrado por el mecan=
ismo
de declinación de competencia y la interpretación intercultural del debido
proceso; y uno estructural, integrado por la coordinación interinstituciona=
l de
política pública y la autolimitación del control constitucional frente a las
decisiones de las autoridades indígenas. En el corpus analizado, la segurid=
ad
jurídica no depende de un pronunciamiento expreso de la Corte sobre el artí=
culo
82 CRE (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008), sino de la
consistencia con la que estos componentes han sido aplicados y reiterados a=
lo
largo de una jurisprudencia que se extiende entre 2014 y 2025. Se trata, en
consecuencia, de una sistematización propia y no de una doctrina unificada
declarada como tal por la Corte Constitucional; cada componente es, sin
embargo, trazable a una o más sentencias específicas del corpus, conforme se
detalla en la columna correspondiente de la Tabla 3=
.
4.
Discusión
Los
hallazgos sistematizados en las Tabla 1, Tabla 2=
y Tabla 3 permiten someter la jurispruden=
cia
constitucional ecuatoriana analizada a un ejercicio de triangulación con el
marco teórico del pluralismo jurídico intercultural y con la literatura
reciente sobre coordinación interjurisdiccional en la región andina. La aus=
encia
de un pronunciamiento autónomo sobre el artículo 82 de la Constitución de la
República del Ecuador (CRE) (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2=
008)
en las cinco sentencias del corpus (Corte Constitucional del Ecuador, 2014,
2020, 2021a, 2021b, 2025) resulta consistente con el diagnóstico de Bagni et
al. (2024) quienes al comparar la jurisprudencia constitucional de Bolivia,
Colombia y Ecuador, concluyen que, pese al reconocimiento explícito del
pluralismo intercultural en las cartas fundamentales de Bolivia y Ecuador, =
su
desarrollo ante los tribunales ha avanzado con lentitud y de forma desigual
entre los tres países, y que ha sido la propia judicatura -ante la inacción=
del
legislador- la que ha terminado por construir, caso a caso, las fórmulas de
coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria. La trayectoria
observada entre 113-14-SEP-CC (CCE, 2014) y 3-17-EI/25 (CCE, 2025) coincide=
con
esa lectura: un desplazamiento progresivo desde un criterio de exclusión
competencial hacia una interpretación intercultural del debido proceso, sin=
que
en ningún momento la Corte haya requerido de una ley de coordinación para
avanzar en esa dirección, lo que confirma, en el plano jurisprudencial
ecuatoriano, el fundamento normativo del Estado plurinacional descrito por =
Charney
& Núñez (2024): el reconocimiento de sistemas jurídicos plurales exige
mecanismos institucionales capaces de armonizar la autonomía indígena con l=
as
garantías del derecho internacional de los derechos humanos, aun cuando dic=
hos
mecanismos se construyan, como ocurre en Ecuador, por vía pretoriana.
La
reticencia de la Corte a pronunciarse de manera autónoma sobre el artículo =
82
CRE (Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008), admite además, una
lectura desde la teoría general del derecho. Fuller (1964) sostuvo que la
legalidad, entendida como una moralidad interna del derecho, exige que las
normas sean generales, públicas, prospectivas, claras, no contradictorias,
estables y efectivamente aplicadas conforme a su sentido declarado, un está=
ndar
formulado pensando en sistemas de derecho escrito y codificado. El derecho
propio de las comunidades kichwa documentado en la <=
span
style=3D'color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none'>Tabla 2=
,
transmitido oralmente, actualizado en cada asamblea y adaptado a las
circunstancias del caso concreto, satisface varias de esas condiciones, ent=
re
ellas la publicidad del proceso, la aplicación por autoridad reconocida y la
oportunidad de defensa, pero no encaja con facilidad en la exigencia de nor=
mas
previas en el sentido de reglas escritas y fijadas de antemano que presupon=
e la
formulación clásica del artículo 82 CRE (Asamblea Nacional Constituyente del
Ecuador, 2008). Exigir de la justicia indígena una codificación previa de s=
us
reglas, al estilo de la legalidad penal ordinaria, equivaldría a medirla co=
n un
estándar ajeno a su propia lógica normativa; declarar la seguridad jurídica=
a
través de garantías procesales como la competencia, la motivación y el debi=
do
proceso permite a la Corte satisfacer la exigencia de previsibilidad del
artículo 82 sin imponer al derecho consuetudinario una forma que no le es
propia. Esta lectura explica, más allá de la descripción, por qué en las ci=
nco
sentencias del corpus la seguridad jurídica jamás fue objeto de un examen a=
utónomo.
Jácome
et al. (2025) tras examinar el mismo corpus de sentencias del tribunal
constitucional ecuatoriano, identifican cuatro carencias institucionales que
ayudan a explicar por qué la seguridad jurídica no fue objeto de un examen
autónomo, sino que operó como un estándar subsumido en las garantías de juez
competente y motivación: la falta de un cuerpo normativo propio, distinto d=
e la
jurisprudencia, que regule la relación entre ambas justicias; la ausencia de
protocolos que obliguen a practicar peritajes antropológicos en todos los
procesos que involucren a la justicia indígena; la variabilidad de los
criterios que cada sala aplica de un caso a otro; y la inexistencia de espa=
cios
permanentes, y no solo casuísticos, de diálogo interjurisdiccional. Esa car=
encia
converge con el nivel estructural del modelo sistematizado en la Tabla 3, en particular con la coordinación
interinstitucional de política pública que en 112-14-JH/21 se concretó en la
orden judicial de conformar un mecanismo permanente de diálogo entre la
justicia ordinaria y las autoridades de la nacionalidad Waorani (CCE, 2021b=
).
Ese mandato se tradujo, en la práctica, en el "Mecanismo de diálogo y
coordinación entre justicia ordinaria y autoridades indígenas", inaugu=
rado
el 10 de diciembre de 2021 por el Consejo de la Judicatura con participació=
n de
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Corte
Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Unión Europea, en=
el
marco del proyecto Fomento de una Cultura de Paz y Democracia a través del
Fortalecimiento de la Justicia Indígena (Consejo de la Judicatura del Ecuad=
or,
2021). La información institucional disponible describe este mecanismo como=
un
espacio de reflexión e intercambio de experiencias, sin que se hayan public=
ado
indicadores de cumplimiento u otra evidencia de su funcionamiento posterior=
a
la inauguración, lo que deja abierta la pregunta, planteada también por Jác=
ome
et al. (2025) sobre si este tipo de espacios logra institucionalizarse más =
allá
del caso que les dio origen. El patrón de invocación defensiva de la seguri=
dad
jurídica frente a decisiones de la justicia indígena, documentado en 1-12-E=
I/21
y 3-17-EI/25, también aparece en el estudio de caso penal analizado por Jaya
(2024) donde la madre del procesado impugnó ante la jurisdicción ordinaria,
invocando el debido proceso y la seguridad jurídica, una decisión adoptada =
en
asamblea comunitaria; el autor advierte que, en la práctica cotidiana de los
cabildos y los juzgados de instancia, el entendimiento entre ambas autorida=
des
no siempre funciona como debería, y que esa distancia entre la norma y la
práctica termina por erosionar la confianza mutua entre comunidades y
operadores judiciales, aun en un escenario en el que la Corte Constituciona=
l ya
ha fijado reglas generales que apuntan en sentido contrario.
La
comparación con la región refuerza lo anterior. En Bolivia, Ibáñez (2021)
muestra que el sistema de justicia ordinario y la jurisdicción indígena
originaria campesina del pueblo Qhara Qhara Suyu operan con escasa articula=
ción
entre sí, en buena medida porque la Ley de Deslinde Jurisdiccional, en luga=
r de
operativizar la coordinación que exige la Constitución boliviana, terminó
restringiendo el ámbito material de actuación de la justicia indígena (Bagn=
i et
al., 2024). En Colombia, Rueda (2008) advierte que, más de tres décadas des=
pués
del reconocimiento constitucional de la jurisdicción especial indígena en el
artículo 246 de la Constitución de 1991, el Congreso no ha expedido la ley =
de
coordinación prevista en dicha norma, por lo que la articulación entre ambas
jurisdicciones ha quedado, igual que en Ecuador, en manos de los jueces fre=
nte
a cada caso concreto. Frente a estos dos escenarios -una ley de coordinación
boliviana que restringe la autonomía indígena y una ley de coordinación
colombiana que nunca llegó a expedirse-, el modelo ecuatoriano sistematizad=
o en
la Tabla 3 exhibe una tercera vía: la
construcción, por vía jurisprudencial y sin mediar ley orgánica alguna, de =
un
conjunto de reglas de reparto competencial, garantías procedimentales y
mecanismos de coordinación interinstitucional aplicados de manera reiterada=
entre
2014 y 2025. Esta vía jurisprudencial comparte, sin embargo, con sus pares
regionales una misma fragilidad estructural: su dependencia de la composici=
ón
del tribunal constitucional y la ausencia de una fuente normativa de rango
legal que le confiera estabilidad frente a cambios futuros en la integració=
n de
la Corte, riesgo señalado también por Bagni et al. (2024) para los tres paí=
ses
estudiados.
Chango-Tigasi
& Villacís-Mogrovejo (2025) a partir del análisis de 113-14-SEP-CC y
112-14-JH/21, señalan un segundo eje de tensión relevante para esta discusi=
ón:
el que existe entre la autonomía jurisdiccional indígena y las garantías
individuales del debido proceso reconocidas por el derecho internacional de=
los
derechos humanos; los autores concluyen que resolverla exige un diálogo
intercultural genuino y no una subordinación jerárquica de un sistema de
justicia al otro. Ese planteamiento matiza el hallazgo de la Tabla 1
según el cual 113-14-SEP-CC fijó la competencia exclusiva y excluyente de la
justicia ordinaria para los delitos contra la vida: dicha regla, lejos de
resolver la tensión de manera definitiva, desplaza el problema hacia el
reconocimiento efectivo del derecho propio en los efectos comunitarios del
conflicto, un espacio en el que, como advierten López & Tapia (2022) la
interpretación judicial de la interculturalidad puede reproducir, bajo un
lenguaje garantista, una lectura hegemónica de los procedimientos indígenas=
. El
presente estudio no encontró evidencia de esa reproducción en el tratamiento
que la Corte otorgó a las etapas del procedimiento propio sistematizadas en=
la Tabla
2, validadas mediante peritajes antropológicos en 113-14-SEP-CC y
1-12-EI/21, pero coincide con López & Tapia (2022) en que la garantía de
seguridad jurídica de los pueblos indígenas depende, en última instancia, de
que esa validación antropológica se mantenga como práctica constante y no c=
omo
excepción reservada a los casos de mayor visibilidad.
En
cuanto al alcance del estudio, el corpus constituye el universo de sentenci=
as que
satisface simultáneamente los criterios de inclusión declarados en el apart=
ado
2.3, pero no equivale a la totalidad de la jurisprudencia constitucional
relacionada con pueblos y nacionalidades indígenas; asimismo, las etapas
procedimentales sistematizadas en la Tabla 2=
, documentadas mediante peritaje antropológico únicame=
nte
en dos causas kichwa, no permiten inferir un procedimiento propio uniforme =
para
las demás nacionalidades indígenas del Ecuador. Sus hallazgos, además, se
circunscriben a la jurisprudencia constitucional de última instancia y no
reflejan necesariamente la práctica cotidiana de coordinación entre autorid=
ades
indígenas y operadores de justicia ordinaria de primera instancia, donde, s=
egún
documentan tanto Jaya (2024) como Ibáñez (2021) persisten tensiones no siem=
pre
visibles en las sentencias de las altas cortes. El diseño documental y
cualitativo del estudio, basado en el análisis de contenido de cinco
sentencias, tampoco permite establecer con qué frecuencia los criterios
sistematizados en las Tabla 1 y Tabla 3 son efectivamente aplicados por =
los
jueces de instancia inferior o conocidos por las propias autoridades indíge=
nas.
Una agenda de investigación futura podría orientarse, en consecuencia, haci=
a el
estudio empírico de esa implementación en sede de primera instancia, así co=
mo
hacia la evaluación de los efectos que tendría sobre el modelo pretoriano
sistematizado en la Tabla 3 la eventual
expedición de la ley de coordinación y cooperación entre la jurisdicción
indígena y la jurisdicción ordinaria prevista en el artículo 171 de la Cons=
titución
de la República del Ecuador (CRE) (Asamblea Nacional Constituyente del Ecua=
dor,
2008) y todavía no promulgada, vacío que Bagni et al. (2024) documentan tam=
bién
para el caso ecuatoriano, en un sentido análogo al que Rueda (2008) describe
para el artículo 246 de la Constitución colombiana de 1991.
5.
Conclusiones
· =
El análisis del corpus de cinco senten=
cias
de la Corte Constitucional del Ecuador emitidas entre 2014 y 2025 permite
sostener que la seguridad jurídica de la justicia indígena, en el Estado
constitucional ecuatoriano, no depende de un pronunciamiento judicial expre=
so
sobre el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, sino d=
e la
consistencia con la que la Corte ha aplicado y reiterado, a lo largo de una
jurisprudencia que se extiende por más de una década, un conjunto de criter=
ios
de reparto competencial, garantías procesales y mecanismos de coordinación
interinstitucional. Este hallazgo satisface el objetivo general de la
investigación: analizar el tratamiento jurisprudencial de la seguridad jurí=
dica
en la justicia indígena ecuatoriana.
· =
Respecto de la sistematización de la
jurisprudencia constitucional en materia de justicia indígena y seguridad
jurídica, la investigación evidencia una progresión sostenida entre 2014 y
2025: de un criterio de exclusión competencial centrado en los límites
materiales de la autonomía indígena, la Corte avanzó hacia una interpretaci=
ón intercultural
del debido proceso que exige valorar las garantías del artículo 76 de la
Constitución conforme a la cosmovisión y los procedimientos propios de cada
comunidad. En ninguna de las cinco sentencias del corpus la seguridad juríd=
ica
fue objeto de un examen autónomo; operó, en cambio, como un estándar implíc=
ito
en las garantías de juez competente, motivación y aplicación de reglas prev=
ias
y públicas.
· =
En cuanto a las garantías procesales
propias del procedimiento indígena, el estudio documenta, a partir de perit=
ajes
antropológicos practicados por la propia Corte en dos comunidades kichwa de
distinta ubicación y organización social, una secuencia procedimental
estructuralmente equivalente entre ambos casos: notificación, investigación
probatoria, confrontación pública, deliberación sancionatoria y ejecución c=
on
seguimiento del cumplimiento. Esta correspondencia respalda, para esas dos
comunidades, la caracterización de su derecho propio como un sistema reglad=
o y
previsible, y constituye en sí misma un aporte a la seguridad jurídica
reconocida en el artículo 82 constitucional, en tanto exige normas previas,
claras, públicas y aplicadas por autoridad competente.
· =
Sobre las tensiones y los vacíos
normativos identificados, la investigación confirma que la ley de coordinac=
ión
y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria
prevista en el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador =
no
ha sido expedida, un vacío que Ecuador comparte con Colombia respecto del
artículo 246 de su Constitución de 1991, aunque no con Bolivia, donde la
coordinación fue regulada por una ley que, en cambio, restringió el alcance
material de la justicia indígena. Ante esa inacción legislativa, ha sido la
propia Corte Constitucional la que, sentencia a sentencia, ha construido por
vía jurisprudencial las reglas que en otros ordenamientos habría fijado el
legislador.
· =
El principal aporte de esta investigac=
ión
a la ciencia jurídica consiste en la sistematización de dicho modelo pretor=
iano
de coordinación interjurisdiccional, integrado por seis componentes que ope=
ran
en tres niveles: uno de reparto competencial, uno procedimental y uno
estructural, este último materializado en mecanismos concretos de coordinac=
ión
interinstitucional, como el ordenado por la Corte respecto de la nacionalid=
ad
Waorani. Al hacerlo explícito y organizarlo por ejes, el estudio ofrece a l=
as
autoridades indígenas, a los jueces de la jurisdicción ordinaria y al
legislador ecuatoriano un referente sistemático, hasta ahora inexistente en=
un
solo instrumento, para orientar la relación entre ambos sistemas de justicia
sin necesidad de esperar la expedición de la ley orgánica de coordinación. =
Con
ello se responde al objetivo específico de proponer un modelo de coordinaci=
ón
interjurisdiccional que armonice la seguridad jurídica con la autonomía de =
la
justicia indígena.
6.&n=
bsp;
Conflicto de
intereses
Los
autores declaran que no existe conflicto de intereses en relación con el
artículo presentado.
7.&n=
bsp;
Derechos de au=
tor
(copyrigth)
Los
autores son los titulares de los derechos de autor (patrimoniales y/=
o de
explotación) de los contenidos de la revista (copyright).
8.&n=
bsp;
Declaración de
contribución de los autores
Los
autores declaran haber participado de manera equitativa y sustancial en la
realización de esta investigación, bajo las responsabilidades según la Taxonomía CRediT
para describir las contribuciones individuales de cada autor al trabajo.
Marco Antonio Pérez Quishay real=
izo
la conceptualización del trabajo de investigación, así
como también, curación de dato=
s,
análisis formal, adquisición de fondos, investigación,
metodología, administración del proyecto, recursos<=
/a>,
software, supervisión
validación, visualización,
escritura – borrador original, redacción – revisión y edición, la discusión,
conclusiones y aprobación del trabajo final.
Divulgación
de la delegación a la IA generativa
Los
autores declaran haber utilizado inteligencia artificial generativa durante=
el
proceso de investigación y preparación del manuscrito. De acuerdo con la
taxonomía GAIDeT (2025), las siguientes tareas fueron delegadas a herramien=
tas
de inteligencia artificial generativa bajo supervisión humana integral: Gen=
eración
de ideas, definición del objetivo de investigación, evaluación de la viabil=
idad
y los riesgos, evaluación de la novedad de la investigación e identificació=
n de
brechas, validación, verificación de la reproducibilidad, revisión y edición
del texto, análisis de sesgos y posibles formas de discriminación, evaluaci=
ón
de la calidad, herramienta de inteligencia artificial generativa utilizada:
Claude Sonnet 4.6.
Los
autores asumen plena responsabilidad por el manuscrito final. Las herramien=
tas
de inteligencia artificial generativa no se reconocen como autores y no asu=
men
responsabilidad por los resultados finales.
Declaración
presentada por: Marco
Antonio Pérez Quishay.
9.&n=
bsp;
Costos de
financiamiento
La
presente investigación fue financiada en su totalidad con fondos propios de=
los
autores.
10.
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